![\"301020logocorteconstitucional\"](\"https:\/\/ligadeconsumidorescucuta.org\/new\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/301020logocorteconstitucional.jpg\" "\\"C\u00e1maras")
La Sala Plena Virtual de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de un auto, rechaz\u00f3 la nulidad de la Sentencia C-038 de 2020, en la cual se declar\u00f3 la inexequibilidad del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 8 de la Ley 1843 del 2017, que regul\u00f3 la instalaci\u00f3n y puesta en marcha de sistemas autom\u00e1ticos, semiautom\u00e1ticos y otros medios tecnol\u00f3gicos para la detecci\u00f3n de infracciones.<\/p>\n
En esta disposici\u00f3n se establec\u00eda la responsabilidad solidaria del propietario del veh\u00edculo por el pago de multa impuesta por infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito. En dicha providencia, se concluy\u00f3 que la norma generaba incertidumbre sobre el respeto de garant\u00edas constitucionales en el ejercicio del poder punitivo del Estado por las siguientes razones:<\/p>\n
Omite la defensa en relaci\u00f3n con la imputabilidad y culpabilidad al hacer directamente responsable al propietario del veh\u00edculo (imputaci\u00f3n real).<\/p>\n
Desconoce el principio de responsabilidad personal.<\/p>\n
Vulnera la presunci\u00f3n de inocencia al no exigir a la autoridad de tr\u00e1nsito demostrar que la infracci\u00f3n se cometi\u00f3 con culpa.<\/p>\n
Es m\u00e1s, se advirti\u00f3 que le corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica el dise\u00f1o de la pol\u00edtica punitiva del Estado y, en particular, determinar con precisi\u00f3n todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, as\u00ed como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y los principios de imputabilidad personal y culpabilidad.<\/p>\n
Solicitud de nulidad y consideraciones de la Corte<\/strong><\/p>\n Se debe recordar que la solicitud de nulidad fue presentada por el Director Ejecutivo de la Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios y la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, por la presunta divulgaci\u00f3n y publicaci\u00f3n irregular de la sentencia y a la presunta incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la misma.<\/p>\n Inicialmente, la Corte record\u00f3 que su jurisprudencia ha reconocido que la declaratoria de nulidad de las sentencias es un mecanismo excepcional y riguroso, que no est\u00e1 dise\u00f1ado para que quienes se encuentren inconformes con la decisi\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n, utilicen tal procedimiento para reabrir los debates ya agotados, a tal punto que cuestionen los fundamentos de una sentencia que adquiri\u00f3 la fuerza jur\u00eddica de la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n De este modo, afirm\u00f3 que las causas de nulidad expuestas no satisfacen el requisito de suficiente argumentaci\u00f3n, que sea congruente respecto de la validez de las sentencias proferidas por el alto tribunal constitucional.<\/p>\n De ah\u00ed que, para la Sala, las acusaciones relativas a la indebida comunicaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la sentencia no concuerdan con eventos en los que la misma providencia, de la que se pidi\u00f3 su nulidad, haya desconocido el derecho fundamental al debido proceso, sino que, en realidad, se trata de actuaciones posteriores que no tienen la capacidad de afectar la validez de lo decidido.<\/p>\n Al respecto, reiter\u00f3 que (i) las irregularidades procesales acaecidas con anterioridad a la adopci\u00f3n de la sentencia, deben ser puestas de presente antes de que se expida la providencia, so pena de que se entiendan subsanadas; (ii) la nulidad excepcional de las sentencias de la Corte procede por vicios que afecten la providencia en s\u00ed misma y no por consideraciones externas a ella y (iii) las actuaciones posteriores a la adopci\u00f3n de la sentencia, no invalidan la decisi\u00f3n adoptada y, por lo tanto, no pueden ser alegadas como causa de la nulidad de la providencia judicial.<\/p>\n Finalmente, y en relaci\u00f3n con la presunta incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la misma, la alta corte consider\u00f3 que de dicho cargo no es posible realizar un examen de fondo en cuanto a la validez de la sentencia.<\/p>\n Raz\u00f3n por la cual se rechazar\u00e1n las solicitudes de nulidad fundadas en los anteriores argumentos, por no satisfacer la carga argumentativa necesaria para discutir la validez de sentencias proferidas por la Corte en sede de control abstracto y revestidas de la fuerza de la cosa juzgada constitucional.<\/p>\n El ponente de la decisi\u00f3n fue el magistrado Alejandro Linares. Por su parte, el magistrado Antonio Jos\u00e9 Lizarazo salv\u00f3 su voto y sus colegas Alberto Rojas y Gloria Ortiz aclararon su voto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sala Plena Virtual de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de un auto, rechaz\u00f3 la nulidad de la Sentencia C-038 de 2020, en la cual se declar\u00f3 la inexequibilidad del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 8 de la Ley 1843 del 2017, que regul\u00f3 la instalaci\u00f3n y puesta en marcha de sistemas autom\u00e1ticos, semiautom\u00e1ticos y otros medios tecnol\u00f3gicos para la detecci\u00f3n de infracciones. En esta disposici\u00f3n se establec\u00eda la responsabilidad solidaria del propietario del veh\u00edculo por el pago de multa impuesta por infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito. En dicha providencia, se concluy\u00f3 que la norma generaba incertidumbre sobre el respeto de garant\u00edas constitucionales en el ejercicio del poder punitivo del Estado por las siguientes razones: Omite la defensa en relaci\u00f3n con la imputabilidad y culpabilidad al hacer directamente responsable al propietario del veh\u00edculo (imputaci\u00f3n real). Desconoce el principio de responsabilidad personal. Vulnera la presunci\u00f3n de inocencia al no exigir a la autoridad de tr\u00e1nsito demostrar que la infracci\u00f3n se cometi\u00f3 con culpa. Es m\u00e1s, se advirti\u00f3 que le corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica el dise\u00f1o de la pol\u00edtica punitiva del Estado y, en particular, determinar con precisi\u00f3n todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, as\u00ed como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y los principios de imputabilidad personal y culpabilidad. Solicitud de nulidad y consideraciones de la Corte Se debe recordar que la solicitud de nulidad fue presentada por el Director Ejecutivo de la Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios y la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, por la presunta divulgaci\u00f3n y publicaci\u00f3n irregular de la sentencia y a la presunta incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la misma. Inicialmente, la Corte record\u00f3 que su jurisprudencia ha reconocido que la declaratoria de nulidad de las sentencias es un mecanismo excepcional y riguroso, que no est\u00e1 dise\u00f1ado para que quienes se encuentren inconformes con la decisi\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n, utilicen tal procedimiento para reabrir los debates ya agotados, a tal punto que cuestionen los fundamentos de una sentencia que adquiri\u00f3 la fuerza jur\u00eddica de la cosa juzgada constitucional. De este modo, afirm\u00f3 que las causas de nulidad expuestas no satisfacen el requisito de suficiente argumentaci\u00f3n, que sea congruente respecto de la validez de las sentencias proferidas por el alto tribunal constitucional. De ah\u00ed que, para la Sala, las acusaciones relativas a la indebida comunicaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la sentencia no concuerdan con eventos en los que la misma providencia, de la que se pidi\u00f3 su nulidad, haya desconocido el derecho fundamental al debido proceso, sino que, en realidad, se trata de actuaciones posteriores que no tienen la capacidad de afectar la validez de lo decidido. Al respecto, reiter\u00f3 que (i) las irregularidades procesales acaecidas con anterioridad a la adopci\u00f3n de la sentencia, deben ser puestas de presente antes de que se expida la providencia, so pena de que se entiendan subsanadas; (ii) la nulidad excepcional de las sentencias de la Corte procede por vicios que afecten la providencia en s\u00ed misma y no por consideraciones externas a ella y (iii) las actuaciones posteriores a la adopci\u00f3n de la sentencia, no invalidan la decisi\u00f3n adoptada y, por lo tanto, no pueden ser alegadas como causa de la nulidad de la providencia judicial. Finalmente, y en relaci\u00f3n con la presunta incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la misma, la alta corte consider\u00f3 que de dicho cargo no es posible realizar un examen de fondo en cuanto a la validez de la sentencia. Raz\u00f3n por la cual se rechazar\u00e1n las solicitudes de nulidad fundadas en los anteriores argumentos, por no satisfacer la carga argumentativa necesaria para discutir la validez de sentencias proferidas por la Corte en sede de control abstracto y revestidas de la fuerza de la cosa juzgada constitucional. El ponente de la decisi\u00f3n fue el magistrado Alejandro Linares. 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