Si eres persona natural no comerciante, y por la crisis económica ocasionada por el Covid19 o la causa que sea no se puede responder por las deudas, una opción es declárese insolvente para tener una segunda oportunidad de ponerse al día con sus acreedores con el propósito de negociar la totalidad de las deudas.
En el Consultorio Jurídico de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, se desarrollan jornadas de atención, en modalidad virtual, en las que cualquier ciudadano puede resolver sus inquietudes respecto a la insolvencia.
Para acceder a dicho mecanismo, las obligaciones deberán estar en mora con dos o más acreedores por más de 90 días o que el deudor admita tener dos o más demandas ejecutivas en su contra, y que el monto de dichos pasivos supere el 50% del total de la deuda.
Por disposiciones legales vigentes, el trámite de la diligencia debe hacerse en un centro de conciliación, como los de las universidades con facultades o programas de derecho, las notarías y las cámaras de comercio. El deudor solo debe citar a sus acreedores y presentar un acuerdo de pago ante una notaría o centro de conciliación.
El día del procedimiento conciliatorio, tanto el deudor como los acreedores, en un plano de igualdad, se someterán a lo acordado, si es que llegaren a buenos términos. De otra parte, el deudor deberá comprometerse a no volver a incurrir en estado de incumplimiento, debido a que sus bienes se convertirán en la seguridad jurídica de los acreedores y garantía de pago.
Según Liliana Orbegoso, abogada y profesora del programa académico de derecho en la Unisimón Cúcuta, luego de la pandemia muchas personas pudieron caer en morosidad por el congelamiento económico y podrían beneficiarse de esta declaratoria. Pero, aplica solo si los interesados cumplen unos requisitos que el legislador estableció, a la luz de lo regulado en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y sus Decretos reglamentarios 2677 del 2012 y 1829 del 2013, así como el Decreto 962 del 2009, que reglamenta la Ley 1116 de 2006, que habla de las normas generales de insolvencia.